Luís Inácio Lula da Silva, presidente elegido el pasado domingo (30), deberá afrontar numerosos desafíos económicos a partir de enero de 2023, entre ellos la posible revisión de la reforma de la Seguridad Social, medida aprobada durante el mandato de Jair Bolsonaro. En su plan de Gobierno, Lula presenta sus propuestas relacionadas con el otorgamiento de pensiones.

La Reforma de Pensiones entró en vigor en 2019, a través de la Enmienda Constitucional 103. Las subvenciones de pensiones para los trabajadores brasileños, ya sea en el sector privado o en los servidores públicos, disminuyeron alrededor de 37% en 2020 en comparación con el número del año anterior.

El cálculo de las prestaciones, la edad mínima y las normas transitorias fueron los principales puntos de cambio en la Reforma Previsional. Los nuevos términos del proceso de jubilación brasileño no encajan en el proyecto del PT, que ya anunció una revisión de las medidas en su futuro gobierno.

Uno de los requisitos más controvertidos para la jubilación es la edad mínima. Lula ve la medida como una afrenta a la protección de la vida de los trabajadores que no pueden jubilarse antes de los 55 años, incluso si, por ejemplo, han cotizado durante más de 25 años.

Otro aspecto de la reforma que se revisará en 2023 es la pensión por fallecimiento, que es 50% del valor de la pensión más 10% por cada dependiente. El único caso en el que el beneficiario recibe 100% del monto al que tenía derecho antes de la reforma previsional es el de dependientes discapacitados o inválidos.

El presidente electo tiene como una de sus propuestas económicas más importantes el aumento del salario mínimo con un ajuste por encima de la inflación. La medida afecta directamente a los jubilados, ya que el salario mínimo es el valor mínimo para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales y de seguridad social, como el Beneficio de Pago Continuo (BPC).

El aumento del salario mínimo por encima de la inflación, introducido durante los dos mandatos presidenciales de Lula, ha sido criticado por la oposición por su potencial impacto en el gasto público. Durante el mandato de Bolsonaro, el valor del salario mínimo se ajustaba anualmente según la inflación.

El PT cree que el aumento efectivo del salario mínimo es parte estratégica del plan de fortalecimiento de la economía. En otras palabras, si el trabajador recibe un salario ajustado por encima de la inflación, consumirá más y contribuirá al crecimiento del mercado interno y de los ingresos del país.

Además de revisar las medidas de reforma previsional, el plan del gobierno Lula menciona la incorporación de nuevas categorías de trabajadores al sistema de pensiones, como conductores y repartidores de aplicaciones. Estos roles, que han sido ampliamente aceptados en Brasil en los últimos años, ahora se consideran subempleo, ya que no hay garantía de derechos laborales ni beneficios de seguridad social por las horas trabajadas.

A pesar de haber sido mencionada en el plan de gobierno del presidente electo y de otros candidatos como Ciro Gomes (PDT) y Simone Tebet (MDB), la reforma de las pensiones apenas fue un tema en los debates entre los candidatos presidenciales y las campañas electorales libres de este año. En las elecciones de 2018, el escenario fue diferente. Entre los candidatos estuvo presente frecuentemente la discusión sobre la concesión de pensiones.

El actual presidente Jair Bolsonaro, quien lideró la reforma de la Seguridad Social y fue responsable de su implementación en 2019, no mencionó la medida en su plan de gobierno de este año. Bolsonaro, que fue derrotado en su reelección, tampoco aborda las cuestiones del salario mínimo o las pensiones de los trabajadores brasileños en su documento de propuesta.

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