El MP anunciado por el presidente Lula el jueves 2 de marzo no trajo cambios relacionados sólo con el programa Bolsa Familia, sino también con el BPC o Beneficio de Pago Continuo del INSS. Esto se dice porque la Medida Provisional establece que se suspenderá el crédito asignado vinculado al beneficio.

A partir de entonces, desde el 6 de marzo, el INSS bloqueó la liberación de crédito. Con el bloqueo, los bancos e instituciones financieras de todo Brasil tienen prohibido negociar la opción de nómina. El INSS oficializó el fin de la operación en una publicación en el Boletín Oficial de la Unión.

El crédito consignado para el BPC se instituyó en marzo de 2022. En definitiva, los beneficiarios del BPC podrían contratar y comprometer hasta 40% del beneficio con el crédito consignado, el cual se descuenta directamente de la nómina.

Esta novedad formó parte del Programa Ingresos y Oportunidades, lanzado por el gobierno en un año electoral, buscando asegurar la reelección del expresidente Jair Bolsonaro.

La parlamentaria, anunciada por el gobierno de Lula, modifica el código 26, ley publicada en 2003, que había sido modificada por el parlamentario del gobierno de Bolsonaro, que fue aprobada en el Congreso.

En la ordenanza publicada por el INSS se describe que las instituciones financieras están “prohibido ejecutar nuevos respaldos o comandos que contemplen las operacionalizaciones”de pago mensual de préstamos, financiaciones, tarjetas de crédito y operaciones de leasing.

La medida fue bien recibida por los expertos, que en su momento criticaron la liberación. De hecho, hubo intervención de la Defensoría Pública y órganos de protección de los derechos ciudadanos.

Según el especialista de la Seguridad Social y columnista de Folha, el abogado Rômulo Saraiva, la cancelación fue correcta. De acuerdo con él:

“No tiene sentido que los beneficiarios de los programas federales de transferencia de ingresos, personas que de alguna manera no lograron planificar su autonomía financiera, tengan la aprobación del gobierno para adquirir préstamos con tasas de interés degradantes.“.

Además, Saraiva sostiene que “La medida asegura una mejor aplicación de los fondos federales, evitando el sobreendeudamiento de familias en situación de vulnerabilidad social“.

Finalmente, el presidente del Ieprev, Roberto de Carvalho Santos, afirma que la cancelación protege los ingresos de los más vulnerables. Él lo justifica: “Las acusaciones son que esto estaba causando más daño que bien. Además, a diario observábamos que estas personas eran bastante acosadas por bancos e instituciones financieras.“.

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